En diciembre de 2025 la Comisión Europea multó a X con 120 millones de euros en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). En julio de 2026 multó a AliExpress con 550 millones por no gestionar adecuadamente productos ilegales y peligrosos. Si solo lee los titulares, la DSA parece una ley sobre un puñado de gigantes.
No lo es. Los gigantes soportan las obligaciones más pesadas, pero la DSA está construida por capas — y algunas alcanzan a empresas corrientes de dos formas muy distintas: como prestadoras de un servicio digital y como usuarias de las plataformas de las que dependen.
No hacen falta 45 millones de usuarios para que la DSA le afecte. Basta con alojar contenido de otros — o depender de una plataforma que lo haga.
Las capas, en lenguaje claro
La DSA se aplica a los «servicios intermediarios» — servicios que transmiten, almacenan o publican información facilitada por otros. Sus obligaciones se acumulan:
- Todos los servicios intermediarios — obligaciones básicas como un punto de contacto y unas condiciones generales claras.
- Servicios de alojamiento de datos — quien almacena información por cuenta de los usuarios debe ofrecer una vía para notificar contenido ilícito (notificación y acción, artículo 16) y explicar las decisiones de restringir contenido (declaración de motivos, artículo 17).
- Plataformas en línea — servicios de alojamiento que además difunden públicamente el contenido de los usuarios, como foros, redes sociales y marketplaces: sistemas de reclamación, transparencia publicitaria, prohibición de interfaces engañosas («patrones oscuros», artículo 25), protección de menores.
- Plataformas y buscadores de muy gran tamaño — más de 45 millones de usuarios mensuales en la UE: evaluaciones de riesgos sistémicos, auditorías independientes, acceso a datos para investigadores.
Una web de empresa normal que presenta su propio contenido no suele ser en absoluto un servicio intermediario. Pero en cuanto permite que otros publiquen — reseñas de clientes, un foro, anuncios de otros vendedores, archivos subidos por usuarios —, puede haber subido a los primeros peldaños de esta escalera.
Cuando su web se convierte en anfitriona
Aquí el conocimiento jurídico cambia el diseño. Añadir una sección de reseñas o un pequeño marketplace no es solo una funcionalidad; es elegir un papel jurídico. Si la DSA se aplica, la construcción necesita algunos elementos fáciles de incluir al principio y engorrosos de añadir después:
- una forma visible para que cualquiera notifique contenido que considere ilícito;
- un proceso para gestionar esas notificaciones — quién las revisa, con qué rapidez y cómo se registran las decisiones;
- una breve explicación al usuario cuyo contenido se elimina o restringe;
- condiciones generales que digan con palabras sencillas qué está permitido y cómo funciona la moderación.
Hay una buena noticia para los pequeños: las microempresas y pequeñas empresas están exentas de la mayoría de las obligaciones adicionales para plataformas en línea (artículo 19). Las obligaciones básicas de alojamiento, sin embargo, se aplican sea cual sea el tamaño. Saber exactamente dónde está esa línea evita construir de más o de menos.
Lo que la mayoría pasa por alto: sus derechos como usuaria de plataformas
Para muchas empresas, la DSA importa menos como obligación que como herramienta. Si vende a través de un marketplace, se anuncia en redes sociales o depende de un perfil para recibir reservas, la DSA le da derechos que antes no tenía:
- Una explicación. Si una plataforma elimina su contenido, reduce su visibilidad, suspende su cuenta o detiene los pagos, debe darle una declaración de motivos clara (artículo 17).
- Una reclamación. Las plataformas en línea deben ofrecer un sistema interno de reclamaciones gratuito, y las decisiones no pueden tomarse de forma exclusivamente automatizada (artículo 20).
- Una revisión independiente. Puede acudir a un órgano certificado de resolución extrajudicial de litigios (artículo 21).
- Transparencia publicitaria. Los anuncios deben indicar quién está detrás y los principales parámetros utilizados para dirigirlos (artículo 26).
En la práctica, una tienda o una cuenta publicitaria suspendida se trata a menudo como un problema de atención al cliente. También es un problema jurídico — y una empresa que puede citar el artículo correcto en su reclamación tiene muchas más probabilidades de obtener una respuesta real.
Vender en marketplaces: trazabilidad
Los marketplaces deben recabar y verificar información básica de los comerciantes que venden a través de ellos — nombre, datos de contacto, registro e información de pago (artículo 30). Si vende en un marketplace, cuente con estas solicitudes y mantenga sus datos de empresa coherentes en todas partes: en su web, en su aviso legal y en sus perfiles de vendedor. La incoherencia es una de las causas más frecuentes de retrasos y suspensiones.
Una lección para cualquier web
La prohibición de patrones oscuros de la DSA se aplica formalmente a las plataformas en línea. Pero el principio que la inspira — no diseñar interfaces que empujen a las personas a decisiones que no querían tomar — recorre también el derecho de consumo y la protección de datos. Las opciones preseleccionadas, los botones de «rechazar» escondidos y los procesos de baja confusos se tratan cada vez más como un problema jurídico, no solo de mal gusto. El diseño honesto se está convirtiendo en un requisito de cumplimiento.
Lo esencial
La DSA recuerda que una presencia digital nunca es solo suya. Vive en servidores, plataformas y marketplaces con sus propias reglas — y ahora con obligaciones legales hacia usted. Entender esas reglas le permite diseñar funcionalidades con responsabilidad y defender su negocio cuando una plataforma se equivoca.
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Jurista de formación, creador de webs de profesión. Goran escribe sobre el derecho digital de la UE — el RGPD, la DSA y la Ley de IA — y lo que significa para quienes crean y gestionan sitios web.
Fuentes
Este artículo es información general, no asesoramiento jurídico. Refleja la normativa vigente en la fecha de publicación.